“LA
RESPONSABILIDAD DE LOS GOBERNANTES ANTE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”
Con el impacto del Huracán
Otis, una vez más se pone de manifiesto la carencia de una atención seria por
parte de la clase política a la protección de sus gobernados y representados,
según sea el caso. El desconocimiento, la falta de atención y, no en pocos
casos, la indolencia al tema, no sólo cobra factura por los daños y pérdidas en
infraestructura urbana, vías y canales de comunicación, y un sinfín de impactos
económicos, sino también en la pérdida de vidas.
Si bien es cierto que “no pasa
nada, hasta que pasa”, los gobiernos estatales y locales tienen la
responsabilidad de proteger la vida, el entorno y el medio ambiente en sus
territorios, y contar con personal cualificado para el desarrollo de las tareas
que implica la Gestión del Riesgo de Desastres, cuyos procesos involucran
gobernanza, transversalidad e inclusión, así como el fomento de la participación
social para la comprensión del riesgo. No hay un solo estado de la República
Mexicana que no tenga amenazas, y la sociedad debe asumir la responsabilidad
también de conocerlas.
Son muy pocas las entidades
federativas que cuentan con planes y programas para gestionar el riesgo,
casualmente son aquellas donde se encuentran especialistas y expertos al frente
de la institución dedicada a la Protección Civil; no debe ser un puesto
político como pago de campaña, no debe ser un puesto que designe a la ligera. Hay
trabajo serio por realizar en cada municipio y en cada estado, y no lo puede realizar
gente que ni siquiera sabe lo que es un Atlas de Riesgos, y mucho menos para
qué sirve y cómo se opera.
Las áreas de Protección Civil
y Gestión del Riesgo de Desastre deben ya ser visibilizadas y apoyadas por los
tomadores de decisiones, así como equiparlas debidamente con Sistemas de
Alertamiento Temprano, vehículos, equipos de rescate, equipo de computo
adecuado y actualizado, centros de monitoreo, y, sobre todo, personal cualificado.
Y, por dios, no deben estar subordinadas a las áreas de Seguridad Pública.
Los desastres, además del
impacto destructivo que implican, tienen consecuencias políticas. En 1810, lo
primero que se ataca en el movimiento de independencia, fue la Alhóndiga de Granaditas,
no porque ahí se escondían los realistas, sino porque en ella se guardaba el
grano, y ya habían pasado 7 años de sequía, la gente no tenía qué comer. En otro
ejemplo, y sin afán de polemizar, los sismos de 1985 cobraron políticamente la
factura del desastre (recordar quién ganó las elecciones en 1988 y el incendio
de la cámara de diputados en pleno colegio electoral ese mismo año).
No sabemos cuándo hará
erupción un volcán, ni cuando será el próximo sismo, y seguramente volverá
impactar un huracán de la misma categoría que Otis en cualquier parte de los más
de 11mil kilómetros de litorales de nuestro país, seguirá lloviendo “atípicamente”
y se generarán inundaciones, y deslizamientos de tierra. Aquí es donde la clase
política debe actuar con responsabilidad y dejar que se realicen labores de
prevención, de preparación, de mitigación, que se haga gestión prospectiva y
gestión correctiva, de manera profesional y sensata y con gobernanza.
No existe, en este momento al
menos, ningún fondo que apoye a la recuperación y reconstrucción tras un
desastre, y la lógica marca que, entonces, debe de ponerse mucho mayor atención
en la prevención y en la gestión del riesgo, con apoyo profesional, sin
ocurrencias ni caprichos… Hoy, estamos a tiempo de prepararnos para el siguiente
impacto.
Dr. César Orlando Flores
Sánchez
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