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22 octubre, 2023

 

LA GRD, UN ASPECTO DE ORDEN SOCIAL… Y POLÍTICO



Con información del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (2020), obtenida del documento “Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de Bello, Bustamante y Pizarro, entre 1970 y 2019, América Latina y el Caribe se vio afectada por 2.309 desastres, que causaron 510.204 muertes, dejaron 297 millones de personas afectadas y provocaron daños por más de 437.000 millones de dólares. El desastre más letal durante el período en cuestión fue el terremoto ocurrido en Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010, que causó 222.570 muertes. Dada su exposición y vulnerabilidad a una gran variedad de amenazas naturales y antropogénicas, América Latina y el Caribe fue la segunda región más propensa a sufrir desastres después de Asia.

 

Con perspectiva de nivel subregional, se evidencia que la mayoría de los desastres se registraron en México y Centroamérica y el Caribe (un 53% del total), y estos fueron también más intensos en términos de muertes (66%) y daños (62%). En esta región, los terremotos de Guatemala (1976), Nicaragua (1972) y Haití (2010) causaron daños de en torno al 98,82% y el 120% del PIB nominal. En el caso de Centroamérica y México, los desastres más frecuentes fueron los causados por inundaciones (34%) y tormentas (28%)

 

Si bien, de acuerdo al documento citado, la mayor cantidad de muertes se registró en la década de 1970, los desastres en los que hubo mayor mortalidad fueron el terremoto de Los Amates (Guatemala), del 4 de febrero de 1976, en el que fallecieron 23.000 personas, y el terremoto de Managua, del 23 de diciembre de 1972, en el que murieron 10.000 personas. En los años ochenta hubo otros dos terremotos de importancia: el de Ciudad de México, del 19 de septiembre de 1985, en el que fallecieron 9.500 personas (según cifras oficiales, pero…), y el de San Salvador, del 10 de octubre de 1986, en el que murieron 1.100 personas. En la década de 1990, el desastre más devastador en cuanto a pérdidas humanas fue el huracán Mitch, que causó 14.600 muertes en Honduras. El récord de personas afectadas entre el período 1970-2019 se registró en 1976, con más de 5 millones de afectados, mientras que el registro máximo en términos de daños se alcanzó en 2005, con 12.113 millones de dólares.

 

Entonces, no hemos entendido bien, como país, que la reducción del riesgo es un aspecto de orden social, que debe ser visto como la forma en que una comunidad se hace consciente de sus riesgos y en forma autónoma asume la responsabilidad de manejarlos para ir en busca del desarrollo sostenible, más ahora que el gobierno federal ha eliminado por completo el FONDEN, y con la nueva iniciativa, deja a las entidades federativas la responsabilidad de responder económicamente frente a los nuevos eventos que se presenten. Por un lado, los diversos órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad para gestionar el riesgo de desastre, tanto el federal, como el estatal y, sobre todo, el municipal.

 

Es decir, no se han visibilizado acciones que estén encaminadas a la reducción del riesgo, por ejemplo:

  • ·     Creación de un organismo que conduzca el proceso, identifique, convoque e incorpore actores clave; defina principios rectores y criterios de actuación y determine equipos técnicos de coordinación y ejecución.
  • ·      Comprender el entorno y  las propias características locales y territoriales en materia de riesgos, así como recabar la visión ciudadana, de manera incluyente.
  • ·       Estudiar la situación actual y futura en materia de vulnerabilidad y exposición al riesgo.
  • ·    Determinar de objetivos, políticas y programas, que se articulen en torno a un foco prospectivo evitando nuevos riesgos, y que tengan una orientación correctiva y reactiva, para minimizar las condiciones actuales de riesgo y prepararse para enfrentar posibles emergencias, y que evidentemente sean establecidos mediante el consenso entre autoridades locales, actores públicos, privados y la sociedad civil.
  • ·       Crear estructuras de gestión para materializar los planes y establecer agenda de gestión de riesgos, identificando y detallando actividades, responsables, mecanismos o instancias de coordinación, recursos asociados a cada actividad, es decir, hacer Gobernanza y Transversalidad para la gestión del Riesgo de Desastre.

·        

Además, Es absolutamente necesario que se cree conciencia, tanto en la clase política como en la sociedad para lograr la comprensión del riesgo, y con ello partir en las diversas actividades que representan cada uno de los procesos de la gestión del riesgo, y entonces sí, encaminarnos hacia su reducción.

 

Cuando una comunidad puede controlar los riesgos que se generaron como producto de las actividades del pasado y adopta estrategias para impedir que en los procesos de desarrollo futuro se produzcan nuevas situaciones de riesgo que puedan poner en peligro las condiciones de vida y los recursos de las generaciones futuras, puede decirse que está actuando de manera sensata gestionando el riesgo, para lo cual se requiere voluntad política.

Actuar sobre los componentes del riesgo implica revisar las prácticas actuales de desarrollo y determinar cuáles de éstas han contribuido a incrementar las vulnerabilidades y han influido en la generación de condiciones de riesgo para la población.

 

Dr. César Orlando Flores Sánchez.

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