LA URGENTE NECESIDAD DE SECRETARÍAS DE GRD Y PROTECCIÓN
CIVIL EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA*
La
Gestión del Riesgo de Desastre debe practicarse desde una perspectiva
absolutamente transversal, es decir, con una coordinación interinstitucional,
donde participen los diversos órdenes de gobierno con todos los sectores de la
sociedad, de manera incluyente, coordinada y consensuada, practicando la buena
gobernanza.
Con
relación a lo anterior, y entendiendo que la Gestión del Riesgo de Desastre es considerada
uno de los Objetivos Nacionales y, por lo tanto, es un tema de Seguridad
Nacional, los gobiernos estatales y municipales deberían tomarse con mayor
seriedad el tema, enfocándose, principalmente, en aspectos de prevención,
preparación, mitigación y alertamiento.
De
las 32 entidades federativas del país, solamente 5 de ellas, Veracruz, Chiapas,
Campeche, Ciudad de México y Guerrero, cuentan con dependencias a nivel
Secretaría para el despacho de Protección Civil y Gestión de Riesgos; algunos
con subsecretarías y la mayoría con Coordinaciones o Direcciones Generales
subordinadas a una Secretaría, normalmente de Gobierno.
En
los estados donde la dependencia de Gestión de Riesgos y Protección Civil está
subordinada a una Secretaría, es muy notorio el rezago en establecer y
fortalecer foros de coordinación gubernamental a nivel estatal y local, como
plataformas estatales y locales para la reducción del riesgo de desastres que,
de hecho, son casi nulos en el país.
Por
el contrario, a una Secretaría se le facilita crear conciencia y aumentar el
conocimiento del riesgo de desastres mediante el intercambio y la difusión de
información, contribuir a los informes sobre los riesgos de desastre locales y estatales,
claro, cuando existe la voluntad política del tomador de decisiones. Tiene
mayor oportunidad de éxito en coordinar las campañas de sensibilización, en
facilitar y apoyar la cooperación entre las autoridades locales. En resumen, son
más eficientes para contribuir a la creación de planes estatales y locales de
gestión del riesgo de desastres.
Es
entendible que la creación de una dependencia a nivel Secretaría, implica un
mayor presupuesto; sin embargo, la inversión de crear una unidad administrativa
de esta envergadura, siempre será realmente menos onerosa que el costo de la
respuesta, la recuperación, rehabilitación, restauración y reconstrucción
debidas a la ocurrencia de un evento grave. Deben entender la gravedad del “riesgo
de no invertir“(Gracias, Humberto González Arroyo por la frase).
Por
otra parte, las que están subordinadas a una dependencia, dependen de la
sensibilidad del titular de esa Secretaría de Despacho, cuya función es ajena y
distinta a la gestión del riesgo de desastres, como el caso de la de Gobierno o
Seguridad Ciudadana, y obstaculiza el flujo de información para el tomador de
decisiones, léase Gobernador o Presidente Municipal, y ello aleja a pasos
agigantados de cumplir con el Marco de Sendai que, en términos muy generales,
es crear las condiciones adecuadas para que juntos, sociedad y gobierno,
podamos llegar a la Reducción del Riesgo de Desastre. Más aún, cuando nuestras
ciudades cada día se hacen más viejas, la población sigue creciendo, haciendo
que la exposición a los peligros sea mayor y, por ende, se incremente la
vulnerabilidad.
El insistir en subordinar las dependencias de Protección Civil a las de Seguridad Pública, o a las de Gobierno, denota una falta de criterio, de conocimiento y sensibilidad, de empatía, pero, sobre todo, de una forma de pensamiento atávico, puesto que el titular de esa dependencia no toma como prioritarios los temas de prevención, preparación, mitigación, o respuesta, ante el impacto de un fenómeno perturbador, y no comunica al tomador de decisiones la importancia de gestionar el riesgo. Insisto, sus temas de agenda prioritarios, son diametralmente opuestos.
Y
es en ese sentido, que merece la oportunidad volver a proponer dos cosas muy
sencillas:
1.-
Que la organización de la administración pública de los estados se modifique
para crear la Secretaría Estatal de Gestión de Riesgos y Protección Civil, y
2.-
Que el titular de dicha secretaría sea elegido por el Congreso del Estado, a
propuesta del Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, lo que indudablemente impedirá
que el titular del organismo en cuestión, sea una persona con nulo conocimiento
en el tema, como ha pasado en muchas administraciones gubernamentales, para
evitar que un cargo público, se convierta en una carga pública; y aprobados por
el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal, para el caso de los
municipios.
Estas
propuestas no son nuevas, se han hecho también para el nivel federal, con la
variante de que el titular de la dependencia sea elegido por el Senado.
EL
Doctor José Emilio Baró Suárez, comenta, y con absoluta razón, que “la
vulnerabilidad institucional es la madre de todas las vulnerabilidades”; ésta
se puede reducir entendiendo que los cargos al frente de las dependencias de
Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres (al igual que muchos otros
rubros), no son políticos, son técnicos, y requieren de personas que tengan la
capacidad de coordinar para obtener estudios de percepción del riesgo, que
comprenda la importancia de la historicidad de eventos, que pueda comunicar de
manera sencilla y entendible al tomador de decisiones la importancia del
conocimiento del riesgo, ya que a partir de ahí es posible gestionarlo.
México
requiere ya que sus entidades federativas tengan la capacidad de incorporar e
integrar la reducción del riesgo de desastres en la agenda política y de
seguridad del Estado, y en todos los sectores con gobernanza y transversalidad,
examinar y promover la coherencia y consiguiente desarrollo, como corresponda,
del marco nacional y de los locales, de las leyes y políticas públicas que, al
definir las distintas funciones y responsabilidades, ayuden a los sectores
público y privado a hacer frente al riesgo de desastres en los servicios y la
infraestructura; fomentar y proporcionar los incentivos que sean pertinentes
para movilizar a las personas, las familias, las comunidades y las empresas;
reforzar los mecanismos e iniciativas pertinentes para la transparencia, que
pueden incluir incentivos financieros, iniciativas de capacitación y
sensibilización públicas, exigencias de presentación de informes y medidas
legales y administrativas; y poner en
marcha estructuras de organización y coordinación, todo ello dentro del esquema
de la gestión del riesgo de desastre, encaminada a la Reducción del Riesgo de
Desastre.
Dr.
César Orlando Flores Sánchez.
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