SONORA, sin poder salir de la Protección Civil Reactiva.

 

Dos eventos uno de origen natural y otro antropogénico ocurridos la semana pasada, pusieron en el aparador nacional el Sistema Estatal de Protección Civil de nuestra entidad, de los cuales no ha salido bien librado.

Tromba en Guaymas-Empalme.

 

Foto tomada de internet

Desafortunado lo sucedido el pasado 20 de julio en los municipios de Guaymas y Empalme frente a la tormenta de arena ocurrida y que sorprendió tanto a las autoridades como a los habitantes de dichos municipios. Más desafortunada la declaración de las autoridades estatales al decir que ocurrió “un fenómeno climatológico que no se puede predecir hasta que ya lo tenemos encima” sería tanto como resignarnos a aceptar que éstos fenómenos de origen natural son un “castigo divino” y, en efecto, no se escatiman recursos para la reacción pero tampoco se invierte lo pertinente para la prevención.

 

Cabe aclarar que eso sucede cuando históricamente no se ha trabajado con una gestión preventiva del riesgo y se privilegia como siempre ha ocurrido la gestión reactiva, ya que los fenómenos hidrometeorológicos son los que más fácil se les puede dar seguimiento, pero eso no sirve de nada si no se tiene implementado un Sistema de Alerta Temprana Múltiple (SAT).

 

A manera de breve explicación recordar que un SAT tiene cuatro componentes: primero conocer el riesgo, quizás la autoridad lo conoce pero no se puede dar por sentado que la población también si no se ha trabajado previamente en ello; segundo un sistema de monitoreo y alerta, en el caso particular se tuvo lo primero mediante reportes satelitales, pero por el seguimiento en redes sociales se obvió la alerta que siempre corresponderá a la autoridad. Tercero un sistema de comunicación redundante y claro, es decir, que todas las personas expuestas reciban el mensaje pero sobre todo que lo entiendan, en otras palabras “recorrer la última milla” y; cuarto, tener planes de respuesta sencillos e integrales entre autoridad y comunidad para atender las consecuencias del evento.

 

Ojalá que la lección aprendida haya sido que carecer de un SAT cobra facturas y a veces vidas, imaginemos el mismo escenario sucediendo durante fechas y horario escolar… ¿Saldo blanco? Por mera suerte…

 

Tragedia en San Luis Río Colorado.

 

Foto tomada de internet

Lamentable, muy lamentable lo sucedido en el antro de San Luis Río Colorado la madrugada del sábado 22 que, independientemente de las motivaciones que según se aprecia en redes sociales, dolosamente provocaron el incendio y cobraron la vida de once personas otras tantas lesionadas, se configuraron lo que en materia de gestión de riesgos se denominan los impulsores o multiplicadores del riesgo, entre estos la vulnerabilidad institucional y una débil gobernanza en la gestión del riesgo, generados, según lo declararon las propias autoridades locales, por una serie de omisiones en la inspección de establecimientos, particularmente en el cumplimiento de la normatividad aplicable para su operación y funcionamiento.

 

Como respuesta a la tragedia en la Guardería ABC el Ejecutivo Estatal envió al Congreso del Estado una iniciativa denominada Ley Decreto 194 misma que fue aprobada y publicada en agosto del 2009 y en la cual se hacían reformas y adiciones a cinco leyes estatales, entre ellas la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios en Sonora, en la cual se sancionaba con destitución o inhabilitación a los funcionarios públicos que teniendo en sus atribuciones realizar visitas o inspecciones para el cumplimento de la normatividad se abstuvieran u omitieran de realizarlas o habiéndolas realizado no exigieran el cumplimiento de lo observado. Esta ley fue derogada en abril de 2022 para dar paso a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora, eliminando lo anteriormente anotado para configurar como falta administrativa no grave para funcionarios que incurran en actos que incumplan o trasgredan las normas, dejando a otras instancias y autoridades analizar los supuestos y en su caso, aplicar otras sanciones consideradas en otras normativas.

 

Los artículos 8 y 24 de la actual Ley 282 de Protección Civil para el Estado de Sonora nos hablan de las atribuciones y competencias de los Ayuntamientos y del Estado en materia de inspección y vigilancia y cumplimiento de las medidas correctivas y de seguridad que garanticen un enfoque preventivo para salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas, sin embargo, aún cuando los artículos referidos tienen un listado de establecimientos en cuanto a su uso y destino, la instrumentación práctica de estos ha sido ambigua y sujeta al criterio y discrecionalidad de la autoridad competente.

 

Benjamín Franklin dijo “Las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas, las demasiado severas rara vez ejecutadas” y esto lo menciono porque es un saco a la medida; como siempre, después de las tragedias se señalan a los funcionarios de las dependencias que omitieron sus inspecciones sin embargo, ¿ya nos preguntamos qué pasa con los Diputados y Diputadas?

 

Sin excluir al resto del Legislativo, actualmente tenemos a cinco integrando la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, y aparte de señalar culpables, ¿ya reflexionaron sobre la parte legislativa que les corresponde hacer para que esto no se repita? También Ediles exigiendo pero la misma pregunta ¿ya se cuestionó a si misma sobre su Reglamento Municipal de Protección Civil? ¿Ya se cuestionaron sobre la factibilidad de instrumentar la actual ley? ¿Sobre la armonización de sus reglamentos municipales?

 

Ahora bien, como se asegura el Legislativo que las leyes promulgadas se convertirán en parte de una política pública si no se contempla el componente presupuestal. Podrán decir funcionarios y particulares que ante la falta de recursos humanos y materiales es imposible cubrir la totalidad de los sujetos obligados y que entonces nadie está obligado a lo imposible, sin embargo la doctrina dice que, “Este principio jurídico no se actualiza si el acto era previsible y se contaba con tiempo suficiente para que el obligado cumpliera con el requerimiento que se le formuló”.

 

De manera general en México, estamos frente a una protección civil que privilegia el enfoque recaudatorio sobre el de prevención, se percibe como la caja chica, la del flujo. En materia de protección civil todos somos corresponsables, unas veces por omisión, otras por negligencia, a veces por ignorancia; pero también por falta de civismo de una sociedad a veces apática a denunciar el riesgo por el mal supuesto de que “eso le pasa a otros, a mi no”.

 

¿Tenemos que esperar otro evento catastrófico, uno más, para activarnos y hacer lo que nos corresponde?