Escrito por Gustavo Wilches-Chaux
Fuente: https://razonpublica.com/las-filtraciones-informacion-requisito-la-participacion-eficaz/
La “filtración” de un nuevo informe pericial sobre Hidroituango ha dado pie a nuevas alertas emitidas por quienes consideran que sus recomendaciones no son coherentes con el diagnóstico ¿El proyecto atenderá las alertas esta vez?
Gustavo Wilches-Chaux*
Un desastre cada vez más enredado
En febrero de 2019 escribí en Razón Pública que “el de Hidroituango es el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo”. Poco después vendría sin embargo el desastre todavía más complejo de la pandemia que, sumada a la crisis climática, ha agravado las consecuencias de otros muchos desastres, incluido el de Hidroituango.
La emergencia que se presentó en la presa en mayo de 2018 ya había puesto en evidencia el desastre que a lo largo de más de veinte años venía golpeando a las comunidades. Como ya había anotado desde antes Juana Afanador, “En la zona escogida para construir Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012. […], se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62 masacres cometidas por paramilitares”.
Desde entonces la violencia no ha dejado de golpear a las comunidades. Según un censo de julio de 2021, otras 4041 personas de 1674 familias de 31 veredas de la región habían sido afectadas por nuevos procesos de desplazamiento forzado.
En lo que llevamos de 2022, nuevos frentes se están abriendo en ese complejísimo desastre todavía no resuelto, que incluyen entre otras, la dimensión técnica, la jurídica, la fiscal, la social y la ambiental.
Otra “filtración”, nuevas alarmas
Jacobo Betancur Peláez, periodista de El Colombiano abrió uno de esos frentes este 23 de enero al mencionar “la filtración del informe pericial elaborado por la firma Pöyry […] una de cuyas conclusiones centrales fue que el proyecto continúa en alto riesgo y que el camino más viable para alejarse de un desastre es poner a funcionar lo más rápido posible las ocho unidades de generación. Considerando los colapsos en el macizo rocoso y el taponamiento de varios túneles de descarga de fondo y de desvío, actualmente no es posible descargar y vaciar el embalse de una manera controlada y permanente (…)”.
El día anterior había escrito Peláez que “a pesar de mejoramientos en diversos aspectos, Pöyry sostiene que persisten riesgos importantes… Con los daños sufridos, la exposición del proyecto a riesgos catastróficos ha aumentado…en comparación con su diseño original. […] El mayor peligro sigue siendo un aumento del nivel del embalse por un gran deslizamiento en el valle del río Cauca aguas arriba…Mientras el diseño original contaba con el vertedero, conductos para aguas turbinadas, una importante capacidad de descarga y la posibilidad de bajar el nivel del embalse, este ya no es el panorama actual, por lo menos no hasta la puesta en marcha de las ocho unidades de generación.”
Y continúa: “Un todavía peor escenario constituye un daño progresivo del vertedero mismo, lo cual podría resultar en una pérdida total de la presa Ituango, con consecuencias catastróficas. Este riesgo existe y es elevado, debido a la operación continua y la dificultad de ejecutar reparaciones mayores, sin contar con otro elemento para evacuar avenidas torrenciales. Este riesgo se reducirá progresivamente con cada nueva unidad de generación puesta en operación, lo cual permitirá bajar el nivel del embalse, sin solamente depender del vertedero”.
También dice el informe que “pese a que la emergencia iniciada en abril de 2018 generó daños…a la infraestructura, incluidas afectaciones enormes por erosión y socavación hidráulica, el proyecto es técnicamente recuperable. […] La rehabilitación y puesta en marcha del proyecto es la única alternativa para gestionar los peligros y riesgos correspondientes en una forma controlada; un abandono (o desmonte) del proyecto no representa una solución válida y además factible con respecto a los riesgos involucrados. En su mayoría la recuperación es posible mediante técnicas convencionales de ingeniería y construcción”.
Dudas técnicas sobre las recomendaciones del informe
El informe de Pöyry consta de 432 páginas con diagnósticos y recomendaciones sobre aspectos científicos y técnicos que personalmente no manejo, pero que ya comienzan a generar interrogantes entre profesionales reconocidos por su trayectoria académica y por su conocimiento de las dinámicas hidro-geológicas del cañón del Bajo Cauca.
Así por ejemplo, el profesor Alberto Arias de la Escuela de Geociencias de la Universidad Nacional, sede Medellín, viene advirtiendo desde 2019 los riesgos que está generando ese proyecto. Muchas de las alertas que él ha formulado y que los responsables del proyecto negaron, han sido confirmadas posteriormente por diversos estudios, incluyendo el de Pöyry.
Y es que una constante del proceso Hidroituango es que cuando se dan voces de alerta sobre fallas estructurales en la presa o en el macizo rocoso en el cual está anclada, lo primero que hace el Proyecto es negar que tengan validez. Pero tiempo después estas alertas son confirmadas por la Contraloría, la ANLA o la empresa misma (como cuando EPM demandó a los constructores por fallas que ella misma se había negado a reconocer), o por hechos que ocurren en la realidad.
Ahora el profesor Arias y otros colegas ponen en duda que las medidas tomadas para devolverle estabilidad a las laderas afectadas por los eventos de 2018 sean efectivas y garanticen la seguridad para las comunidades que podrían verse afectadas por un eventual colapso de la presa. No los convence, por ejemplo, que rellenando con concreto una caverna enorme (cercana al millón de metros cúbicos de volumen) que abrieron las filtraciones de agua tras el evento de 2018, se le pueda devolver la estabilidad al macizo rocoso.
Por eso ponen en duda la conclusión del informe de Pöyry, en el sentido de que la única manera de evitar un desastre es que el proyecto se siga ejecutando hasta el final, tal y como se había planeado.
Si no hubiera habido “filtración” ¿habría habido lugar a la discusión?
Hasta donde tengo conocimiento, estos profesionales críticos del proyecto solo tuvieron acceso al informe de Pöyry gracias a la “filtración” del mismo no se sabe bien por obra de quién (según EPM, el informe se radicó ante la ANLA el 29 de diciembre del año pasado). Por supuesto que las comunidades del Cañón y sus organizaciones también conocieron la existencia de ese informe debido a esa “filtración”.
Revisando el seguimiento que ha hecho El Colombiano, encuentro que en 2021 ya se había presentado la filtración de un “informe de auditoría forense” que EPM trató de ocultar.
Lo que hasta ahora, que yo sepa, no se ha filtrado, es el informe que a instancias del Gobierno Nacional, rindió el Cuerpo de Ingenieros Militares de Estados Unidos tras la emergencia de 2018, y que permanece oculto porque “el Ministerio de Defensa lo rotuló como confidencial”.
Dar a conocer la información que explica las causas de un desastre y que puede ayudar para que no vuelva a ocurrir ¿no debería considerarse prioritario para la seguridad nacional?
La Gestión Ambiental y la Gestión del Riesgo tienen que ser participativas
El artículo 79 de la Constitución consagra el derecho a un ambiente Sano y garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Por eso la Ley 99 de 1993 afirma que “El manejo ambiental del país […] será descentralizado, democrático y participativo”, y la Ley 1523 de 2012 determina que “Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad.”
Lo anterior implica que la participación efectiva de las comunidades en todas las decisiones que puedan afectarla, y en este caso, en las decisiones sobre el proyecto Hidroituango, es un derecho y un deber de carácter constitucional desarrollado por la ley. No se trata de “negociar” con las comunidades el calibre de unas varillas ni las especificaciones de unas turbinas, sino de ponerse de acuerdo en si el proyecto debe o no continuar mientras no exista certeza cierta (valga la redundancia), de que no van a quedar expuestas a la probabilidad de una catástrofe mayor. Eso se lama el Principio de Precaución.
Un pre-requisito absoluto para que la Participación sea efectiva y no se reduzca a una mera formalidad, es que quienes van a ejercer ese derecho y a cumplir ese deber, tengan acceso a información oportuna, pertinente, legítima, confiable y comprensible.
En otras palabras, que no tengan que depender de una “filtración” de información para poder ejercer ese derecho, que en las circunstancias actuales es fundamental.
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