El Programa Nacional de Protección
Civil es una herramienta de gestión que empata transversalmente con los
Programas Sectoriales de las diversas Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo
Federal y a su vez se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo
documento que es donde se sientan las bases para atender las necesidades
insatisfechas de la población y mejorar en consecuencia su calidad de vida.
El Programa Nacional de Protección
Civil (PNPC) consta de varios apartados y tres capítulos: Índice y Marco
Normativo, I) Diagnóstico, II) Alineación a las metas nacionales, III)
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción, IV) Indicadores, Glosario y
Bibliografía.
En
cuanto al diagnóstico, el documento realiza un resumen de los fenómenos
perturbadores más importantes, por los daños y pérdidas ocasionados en el
territorio mexicano, así como de los porcentajes de la superficie que está
expuesta a éstos fenómenos de acuerdo al tipo de agente de origen natural. Es
importante mencionar que el análisis se centra en el período del año 2000 al
2012, el impacto económico total estimado en ese período en viviendas,
escuelas, hospitales y carreteras fue más de $90 mil 554 millones y para
tenerlo como referencia ese monto representa el 30% más del presupuesto de
ingresos del Estado de Sonora proyectado para el ejercicio fiscal 2018 que es
de $64 mil 017 millones de pesos.
En
éste apartado, se analizan en retrospectiva siete aspectos de como la
administración 2012-2018 del Gobierno Federal los recibe y para poder hablar
del cumplimiento de metas que es el propósito de éste trabajo, aparte del
primero que se comenta en el párrafo antecedente referido al contexto, serán
citadas seis restantes como referencia y punto de inicio de los planes de
acción de la presente Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC):
a)
Limitado enfoque
preventivo.-
Se observa que en los últimos años al 2012 existe una asimetría entre las
acciones preventivas y reactivas, centrando los esfuerzos en la atención de las
emergencias y reconstrucción de infraestructura dañada.
b)
Limitada vinculación
con la sociedad y escasa promoción de la cultura de protección civil.- Se comenta que la
participación social en el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) ha sido
mínima dada la escasa promoción a la cultura de protección civil ya que ésta no
fue suficiente para poder llegar a las localidades con menos de 2 mil
habitantes, en resumen, se consideró que la relación con el eslabón más fuerte,
la sociedad civil organizada fue descuidada por las autoridades competentes.
c)
Limitada coordinación
del SNPC en emergencias y desastres.- Se determina una falta de adecuada
vinculación de los planes de protección civil de las entidades federativas con
el gobierno de la república lo que ha provocado una deficiente disponibilidad y
aprovechamiento de los recursos, además de la deficiente vinculación de los
sistemas de información y monitoreo debido a una limitada y nula innovación tecnológica
en la materia.
d)
Marco jurídico
desactualizado y heterogéneo.- Este aspecto ya se ha comentado en el
transcurso de la presente materia, aún cuando se recibe la administración con
una nueva Ley General de Protección Civil publicada en junio de 2012, no fue
suficiente para lograr que las entidades federativas armonizaran las leyes
locales a la general, pero tampoco que la administración federal pudiera
promulgar el reglamento de dicha Ley General así como normas oficiales
mexicanas correlativas.
e)
Insuficiente adopción
de innovación tecnológica en materia de protección civil.- Previstas en las
estrategias de monitoreo y alertamiento sobre fenómenos naturales,
especialmente los geológicos y los hidrometeorológicos quedando desvinculados
al desarrollo tecnológico que ofrezca mayo claridad y certeza.
f)
Distribución
inadecuada de los instrumentos financieros de gestión de riesgos.- Este aspecto es
fácilmente observable en la tabla 2 de éste numeral, se cita como ejemplo que
de 2004 a 2012, la proporción del Fopreden (acciones de prevención) es del 1.9%
con relación al Fonden (atención de emergencias y acciones de reconstrucción)
que en total fue poco más de 91,093 millones de pesos del presupuesto de egresos
de la federación.
El
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, considera las siguientes metas
nacionales: a) México en Paz; b) México Próspero; c) México Incluyente; México
con Educación de Calidad; d) México con Responsabilidad Global y cada uno
dependiendo del sector gubernamental y Secretarías de Estado dispone de
diferentes objetivos, estrategias, programas sectoriales y ahí,
transversalmente como son las acciones de la protección civil, se desprenden
también otros diversos objetivos del Programa Nacional de Protección Civil.
En
base al diagnóstico elaborado, el PNPC se compone de seis objetivos
perfectamente definidos que se derivan en estrategias y líneas de acción, éstos
objetivos son listados a continuación:
1.
Fomentar
la acción preventiva en la Gestión Integral de Riesgos para disminuir los
efectos de los fenómenos perturbadores.
2.
Fortalecer
la cultura de la protección civil mediante la vinculación nacional e
internacional.
3.
Mejorar
la coordinación de los integrantes del SNPC en emergencias y desastres.
4.
Generar
un marco jurídico consistente que permita brindar certeza jurídica a las
acciones en materia de protección civil.
5.
Fomentar
la adopción y el uso de la innovación tecnológica aplicable a la protección
civil.
6.
Fomentar
la eficiencia en la asignación y distribución de recursos de los instrumentos
financieros de gestión de riesgos.
Como
se observa, éstos seis objetivos resultan de la interacción, armonización y
alineamiento transversal entre el PNPC y el resto de los Programas Sectoriales,
de éstos objetivos, se derivan en cada uno de ellos, “n” estrategias y cada una
de ellas con varias líneas de acción estableciendo correspondencia
institucional con las diversas secretarías de estado, incluyendo la
corresponsabilidad para su cumplimiento.
Entonces,
cada uno de estos objetivos ya enunciados, dispone de uno o dos indicadores. Un
indicador es el dato que se fija en la etapa de definición de objetivos y
servirá para conocer y valorar las características y la intensidad de un hecho,
en éste caso, la evolución futura del objetivo planteado, es entonces un
parámetro fijo para evaluar en el tiempo.
Por
ejemplo, para evaluar el objetivo número dos, referente al fortalecimiento de
la cultura de protección civil mediante la vinculación nacional e internacional
se fijan dos indicadores: el primero nos habla del porcentaje de población
beneficiada de la cultura de la protección civil, con actividades como
talleres, campañas, posters, pláticas, etc. El segundo indicador, se refiere al
porcentaje de habitantes de zonas de riesgo que han recibido información de
protección civil.
En
conclusión, determinar el cumplimiento de las metas del Programa y emitir una
opinión personal al respecto es relativamente sencillo cuando en el transcurso de los
seis años de la administración federal se le ha dado seguimiento como un simpe
ciudadano espectador.
Los
resultados empíricamente medibles, o simplemente con la percepción generalizada
del inconsciente colectivo, ofrece resultados desastrosos ya que igual,
fácilmente se puede observar el no cumplimiento de los objetivos y la
intrascendencia de las metas del PNPC. Las anotaciones hechas en el diagnóstico
del programa al inicio de la administración retrocedieron por varios motivos:
En
cuanto a la participación de la sociedad civil y la sociedad civil organizada
prácticamente fue nulificada, institucionalmente se pretendió bloquear toda
iniciativa ciudadana que significara encabezar movimientos que indicaran un
mayor poder de convocatoria que el de la autoridad federal. Cabe agregar la
cancelación de los congresos y encuentros nacionales y regionales de protección
civil, bajo el argumento de poco presupuesto.
Relativo
a fomentar la cultura de la protección civil, se perdió el enfoque con el uso y
abuso de las redes sociales, especialmente el twitter, tal pareciera que la
CNPC se olvidó que estamos en una nación donde prácticamente el 60% de la
población es pobre y aunque las encuestas de INEGI nos coloca como un País
conectado, en un rango del 70% de la población, la verdad es que si bien es
cierto que dicho porcentaje tiene conexión mediante dispositivos móviles,
también es cierto que ésta la consiguen en lugares públicos o de redes
abiertas, ya que en centros de trabajo o domicilios particulares el porcentaje
es muy distante.
Referente
al marco jurídico consistente y actualizado, también podemos afirmar qué aunque
la Ley General tuvo sus modificaciones en los años 2014 y 2018, hace falta
incluirle cambios de fondo. Su Reglamento tardó años en generarse por la CNPC
actual, Normas Oficiales Mexicanas que se prometieron para el manejo y
almacenaje de materiales explosivos, quedo pendiente de elaboración. No hubo
consecuencias de ninguna índole, no siquiera exhortos a aquellos gobiernos
locales que no armonizaron sus leyes al marco general.
En
cuanto al uso de las tecnologías para los sistemas de gestión y alertamiento, y
aunque el alertamiento temprano se encuentra en el acuerdo signado por México en
el Marco de Sendai, el gobierno federal y los locales poco han invertido en
estos equipos, solo recordar la cruda realidad del sistema de alertamiento
durante el 19S que dejó al descubierto desviación de recursos o no instalación
de equipos previamente comprados. También comentar que en cuanto al sistema
SIAT-CT, es comentado por expertos que requiere su actualización, así como en
los sistemas de cómputo y satelitales para obtener pronósticos en tiempo real.
Por
último, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los
Desastres (UNISRD) por cada $1 peso que se invierte en prevención, se ahorra
después $7 pesos en reconstrucción, es decir, acciones de prevención equivalen
al 14.3%. En México, de 2007 a 2014 el presupuesto del FOPREDEN fue poco más de
$335 millones, mientras que para el FONDEN fue de $6,245 millones, haciendo la
comparación contra el dato de la UNISRD, durante ese período la proporción de
la inversión para la prevención ante la reconstrucción fue de 5.4%.
Entonces,
en estas conclusiones quisiera abordar ese aspecto como otro no cumplimiento de
los objetivos del PNPC, ello en cuanto a la distribución de los recursos.
Porque a pesar de que es uno de los puntos que se observa con mayor énfasis en
el apartado de diagnóstico, la fase preventiva de la gestión integral del riesgo
de desastres sigue sin aparecer, no es necesario ser muy letrado para darse
cuenta de que se continúa con una protección reactiva, enfocada a la atención
de la emergencia y la reconstrucción, solo basta acumular el gasto que
generaron las consecuencias de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos
de 2017 y 2018 en nuestro país; ya lo veremos en la nueva administración
federal, cual es el diagnóstico a 2018, el diagnóstico del nuevo PNPC será el
juez más duro en la comparación de los resultados.
¿Y
cuál es tu opinión?, nos leemos pronto.
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