"La primera virtud del
conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente". Jacques
Lacan.
En
las próximas semanas y meses tendremos cambio de gobiernos locales y federal, y con mucha seguridad tendremos como lo mandata la ley, la elaboración de los planes
de desarrollo que incluirán los mejores propósitos y líneas de acción de los
nuevos gobiernos y, de ellas se derivarán políticas públicas sectoriales para
alcanzar objetivos ahí definidos.
“Las políticas públicas
son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad” (1), y de ésta definición encontramos entonces palabras
claves que definen su esencia, primero que debe de tener un beneficio público y
general y segundo, que la política pública debe de ser resultado de un análisis
profundo sobre las mejores alternativas, las más precisas, las más eficaces y más
eficientes para resolver la problemática existente.
También es importante
señalar que para tener una política pública exitosa y legítima es de suma relevancia
la participación de la sociedad civil con sus diversos actores, especialmente
los afectados por la problemática existente, quienes en teoría de verán
beneficiados al ser copartícipes de las acciones de dicha política. La
participación de la comunidad debe de ser integral, es decir, en las fases de
diagnóstico, implementación y evaluación.
Una política pública
exitosa es aquella que se encuentra primero soportada por la norma jurídica, que muchas
veces significa reformarla, segundo por un proceso de planeación estratégica y
programación de acciones y tercero con el presupuesto público o público-privado
para su implementación práctica. Sin olvidar posteriormente su evaluación e ingreso
a un proceso de mejora continua. Este es el gran ideal, sabemos que
generalmente no funciona así y la política pública queda como un gran discurso
gubernamental que aún sin tener resultados, sigue en la retórica.
Ahora bien,
suponiendo que se cuenta con una política pública, perfectamente diseñada,
planeada y consensada, que hace las veces de herramienta indispensable para
atender en forma técnica y de manera apropiada un determinado problema de una
determinada comunidad ¿Por qué falla?
Uno de los principales
problemas que tienen las administraciones públicas y que es relativamente fácil
de detectar, es el bajo rendimiento o poca productividad en los asuntos
particularmente de temas muy especializados basados en el lento aprendizaje que
les impide tomar decisiones asertivas, es la llamada “curva de aprendizaje” que
ocurre en aquellas personas que sin cumplir con el perfil idóneo le asignan por
compromiso político o compadrazgo ocupar un puesto público y acepta usurparlo.
La curva de
aprendizaje se refiere al diagrama representado por una línea de esa forma, que
resulta de la interacción de las variables tiempo (eje X) y aprendizaje
traducido en resultados (eje Y) y que describe los casos de éxito en la medida
que una persona va aprendiendo en el tiempo, como desempeñar y hacer cada vez
mejor su trabajo. En la iniciativa privada generalmente se asume ese costo porque se invierte en el personal, generalmente sin experiencia, pero ello les permite hacerlos
“a modo” para que en el mediano plazo compartan la misión, visión y valores de la empresa y ofrezcan resultados permanentemente. Para el
servicio público no debería de ser de ese modo, ya que el aprendizaje resulta
muy costoso y generalmente la pérdida no solo es económica, sino que también es
social ya que la mala toma de decisiones durante el aprendizaje, afecta a una comunidad o comunidades.
Para el tema de protección
civil, en las administraciones municipales con duración de tres años (también hay experiencia federal), la curva
de aprendizaje tiene un alto costo, a veces hasta en pérdida de vidas o del
patrimonio público y privado. Este nivel de gobierno trabaja con visión de
corto plazo, prácticamente de inmediatez o del día a día, considerando la curva
de aprendizaje ya comentada, que generalmente por desconocimiento y/o temor
tarda casi un año en “agarrarle la onda” y, en el último año del que prácticamente
6 meses se consideran electorales, solo resta año y medio de actividad
productiva. La gestión del riesgo no se puede dar ese lujo, ya que para ser
eficiente en la mitigación de los riesgos, ésta materia requiere de actos de prospección
y prevención directos y transversales. Además de un gran trabajo de convencimiento hacia otros
funcionarios al interior de la propia administración.
Esperemos que los
nuevos gobiernos tengan en cuenta el alto costo de la “curva de aprendizaje” ya que ante la cada
vez más marcada escasez de recursos financieros, será indispensable contar con
colaboradores que reúnan el perfil académico y experiencia necesaria en sus
áreas de especialidad para trabajar de forma estratégica y creativa en la innovación de
procesos y gestión, el uso de nuevas tecnologías, el rediseño y estandarización
de servicios y así, dar de inmediato, los resultados que la sociedad espera de
ellos.
(1) Diseño de Políticas Públicas, Franco Corzo,
Julio (2014).
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