Como es sabido por prácticamente todos los
empresarios del país, los altos índices de corrupción e impunidad provocan que
seamos ejemplo a nivel mundial. La gestión es una de las actividades que de
forma más severa es afectada por los tradicionales moches a causa de la discrecionalidad
de muchos funcionarios públicos, ello, independientemente de la demora en éstos
trámites y permisos que provocan importantes pérdidas asociadas a los costos
indirectos pero que además fomentan la informalidad particularmente en el
sector comercio que es uno de los más vulnerables.
Ante esta problemática, desde finales de los
ochentas el Gobierno Federal con su ingreso al comercio mundial, toma de
referencia una tendencia mundial de desregulación económica para poder competir
en mejores condiciones. Al pasar de los años, a partir del año 2000 tenemos la
Mejora Regulatoria como parte de una estructura de gobierno, la cual es una
política pública que abarca el conjunto de acciones que realiza el gobierno
para mejorar la manera en que regula o norma las actividades del sector
privado, y en general, en que interviene en la sociedad, a fin que las
regulaciones sean claras, sencillas y eficientes.
En México, la mejora regulatoria es “una
política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y
servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y
aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos
disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales,
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad
en su conjunto. El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en
procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos
posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que
estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la
eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo
humano” (COFEMER, Acciones y programas 2016).
El pasado mes de mayo, el Presidente de la
República, promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria y en su discurso citó:
“Hoy México da un paso decisivo para abatir su rezago regulatorio, transitando
de un enfoque federal a una auténtica visión nacional, con la activa
participación de la sociedad, es un antídoto (la mejora regulatoria) contra la poca
transparencia o la opacidad, la corrupción, la arbitrariedad, la ineficacia, la
incongruencia y la falta de ética en el servicio público”.
Florencia Valero Pie, directora de proyectos en
C-estrategia, consultora que en colaboración con el Banco Mundial realiza el
reporte Doing Business México establece como condicionante el trabajo conjunto,
ya que para lograr una mejora regulatoria en el país se requiere la
colaboración entre los gobiernos federal, estatal y municipal, además enlista
ocho pasos para beneficio de los negocios:
1.- Enfrentar el reto de resistencia a ser
medidos entre los gobiernos locales y estatales.
2.- Involucrar a los tres niveles de gobierno:
ejecutivo, estatal y local.
3.- Los Juicios Orales Mercantiles son un gran
impulso para la mejora regulatoria.
4.- Que la Estrategia Nacional Digital permita
que los esfuerzos confluyan.
5.- El liderazgo del ejecutivo estatal es
clave para conectar a todas las secretarías.
6.- Para mejorar la tramitología, depurar
leyes obsoletas.
7.- No querer descubrir el hilo negro
constantemente. Es válido retomar acciones de otras entidades que ya aplican
mejores prácticas.
8.- Las reformas para aumentar de 3 a 4 años
el periodo de gestión de las alcaldías, es sustancial.
Sin embargo, como parte de éstos ocho pasos no
veo de manera ni siquiera enunciativa la participación ciudadana como variable
fundamental para que las mejoras sean pragmáticas, realizables y exigibles.
Ello porque en 2017 me involucré en las
actividades del diagnóstico y mesas de trabajo que realizaron la entonces
COFEMER y la COMERS, obviamente como espectador autorizado y en muchas
ocasiones percibí las ocurrencias de varios funcionarios explicando procesos y
tiempos que de ser ciertos por sentido común no necesitaríamos entonces una
mejora regulatoria. Pero contemos también lo bueno, siempre se vale.
Ya con esa breve inducción recibimos invitación
del C.P. Ernesto Martínez Nieves, Director General de la Comisión de Mejora
Regulatoria del Estado de Sonora, a formar parte junto a otros destacados
especialistas en diversas áreas del conocimiento, con amplia experiencia en la
gestión, a integrar Comités Técnicos específicos para apoyar en el análisis del
impacto regulatorio de diversas leyes que se turnarían al Poder Legislativo.
Desde mi punto de vista creo ha resultado una experiencia exitosa que debería
de replicarse en las demás entidades debido a que se visualiza desde el papel
de usuario de la norma pero sin el menoscabo del objetivo de bien común que
persigue la propia normatividad.
Es importante citar, que éste ejercicio
profesional no se hubiera alcanzado sin el apoyo y voluntad política de la
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que ha sido la principal preocupada y
ocupada por situar a nuestro estado en los primeros lugares nacionales en
competitividad y promoción económica motivada por una desregulación con
sentido.
Sirvan estas líneas entonces, para felicitar
al buen amigo C.P. Ernesto Martínez Nieves, Director General de la COMERS, por su
apertura y el excelente trabajo que con liderazgo ha venido desarrollando, sin
pretender inventar el hilo negro y el agua tibia y que le mereció sendas
menciones de reconocimiento por el Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria y
por la propia Gobernadora de nuestro Estado en el evento de hoy.
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