ATLAS DE RIESGOS MUNICIPALES
Ing. Juan Antonio Serrano Sainz
Que tal amigos,
esta aportación me toca redactarla en el marco del Segundo Congreso
Internacional auspiciado por el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de
Riesgos y Protección civil, A.C. y de nuestros colegas
miembros de la ASEHPROC en la bella ciudad de Playa del Carmen, Q. Roo, y en
particular en las instalaciones del complejo turístico Xcaret.
El tema del
cual quiero platicar, se da en una coincidencia de estarlo estudiando dentro
del Diplomado de Gestión de Riesgo en la ENAPROC campus Chiapas y que en el
programa del Congreso se tocó de manera puntual por tres conferencistas con
diversos enfoques.
Retomando
información tanto del Diplomado como del Congreso, se pueden enfatizar algunos
conceptos, objetivos y fallas en su implementación.
Dentro de la
normatividad de Protección civil tanto en la Ley general como en las leyes
locales, no se establece de manera clara y puntual la obligación de los
ayuntamientos de generarlos, muchos menos de quien es responsabilidad hacerlo,
aun cuando el Gobierno federal ha invertido una cantidad importante (no
suficiente) para apoyar a municipios a su elaboración.
Los esfuerzos
en su financiamiento han sido a través de SEDESOL hoy por parte de SEDATU, con
una total desvinculación con el CENAPRED órgano que por Ley le corresponde la “administración”
del Atlas Nacional y el establecimiento de las metodologías para la elaboración
de los correspondientes en los estados y municipios para su incorporación al
Atlas Nacional, por lo que la mayoría de los Atlas municipales financiados no
se pueden integrar al Atlas Nacional por no ser compatibles, es decir su
utilidad es parcial, sin demeritar aquellos que han servido a los municipios
para su toma de decisiones tanto en prevención de emergencias y ordenamiento
territorialmente, que desgraciadamente son los menos. Es decir la inversión
realizada no fue la óptima.
Entendiendo que
dentro de la ambigüedad mencionada, uno de los objetivos importantes de los
Atlas de riesgo municipales, es darle a los ayuntamientos una herramienta
importante para sus programas de ordenamiento urbano con el establecimiento de
sus áreas de riesgos y reordenar su crecimiento o marcar acciones de mitigación
que minimicen el riesgo de desastres. Pero, en este punto, tampoco existe
dentro de la normatividad una obligación clara para que estos documentos se
publiquen en sus respectivos órganos oficiales de difusión para que se
constituyan en norma de observancia tanto para autoridades y particulares.
Entonces al no
constituirse como documentos oficiales, no hay apego a las restricciones de
construcción o acciones de mitigación en las áreas de riesgos, y continua el
crecimiento anárquico y la generación de una mayor construcción social de
riesgos y más alta vulnerabilidad física.
Pareciera que a
nadie le interesa la consolidación de una herramienta tan importante para la
gestión de riesgos desde lo local, como lo son los atlas de riesgos
municipales, un marco normativo poco claro que no lo define conceptualmente,
que no establece obligación para hacerlo mucho menos publicarlo, una falta
importante en la vinculación entre las autoridades que tienen su participación
dentro del tema de ordenamiento urbano, equilibrio ecológico y protección civil
que no ha permitido una atención transversal a la implementación de este
programa. Todos estos factores se plasman en una realidad, aproximadamente solo
300 municipios cuentan con una atlas de riesgo y muchos menos lo tienen
publicado para una aplicación tangible, aunado a otra problemática que es que su
actualización no se realiza y van perdiendo vigencia para la toma de
decisiones.
Una
consideración que podemos agregar, es que los pocos municipios que se
decidieron hacerlo, lo hicieron con fines económicos, es decir estar en
posibilidad de recibir fondos y apoyos por parte de la federación que para
tener acceso a ellos, se obligan a contar con ellos, no nacen o nacieron de un interés
real de tener un mejor ordenamiento territorial.
Nuestra
obligación como consultores es presionar a las autoridades correspondientes
para que de inicio se modifique la Ley General y normas complementarias y
correlacionadas para que se establezca conceptualmente el término y las
obligaciones para quien o quienes tienen que hacerlo y publicarlo, de otra
manera no se avanzará mucho en esto.
Me despido agradeciendo todas las atenciones brindadas por los organizadores del Congreso y felicitándolos por este brillante evento. Enhorabuena. Un gran esfuerzo para la difusión de la cultura de la Protección civil y la gestión del riesgo de desastres. Estamos mas unidos que nunca y queremos ser parte del cambio de paradigmas para poder ser mejores para prevenir desastres y en todo caso mejorar nuestra respuesta ante la posibilidad de su presencia.
Nos vemos en nuestra próxima participación
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