Por Raymundo Padilla Lozoya*
Los cambios
de administración en los municipios vulneran a las Unidades Municipales de
Protección Civil y a la sociedad cuando se realizan de manera inadecuada o
irresponsable. Lo más común es que el nuevo alcalde nombre como director a su
compadre o familiar (cometiendo nepotismo), o que designe a quien carece de la
experiencia suficiente y de la capacitación acreditada para desempeñar esa
importante labor. Es frecuente también que el puesto directivo se ofrezca a
ciertos personajes que participaron en la campaña del candidato o por el pago
de algún compromiso político.
Los munícipes
deben saber que una mala decisión puede propiciar la muerte de ciudadanos, y en
el menor de los casos un retroceso en el desarrollo de la Gestión Integral de
Riesgos y Desastres localmente. Es decir, que designar a un incompetente, al
menos, perpetúa los vicios actuales e impide mejorar la profesionalización de
la atención de emergencias, y dificulta el camino hacia un modelo basado en la
prevención de desastres y la reducción de riesgos. Esto ha ocurrido en Colima,
es tal el retroceso en materia de Protección Civil, que pasarán muchos años
para que se profesionalice y equipe de manera adecuada a las unidades
municipales. Pero sobre todo, se ha demorado muchísimo la integración de la sociedad
en la gestión de riesgos, como lo demandan las estrategias internacionales.
También es
importante el procedimiento de transición administrativa, sobre todo cuando se
pasa la dirección de Protección Civil de un partido a otro. Se ha dicho que la
Protección Civil no debiera tener partidos políticos, sin embargo la realidad
es que los nuevos administradores pocas veces respetan la profesionalización y
deciden los puestos basados en sus criterios políticos o económicos.
En el caso de
Colima, durante la pasada elección de representantes populares, el PRI-Verde
Ecologista resultaron favorecidos por el voto popular en dos municipios:
Coquimatlán y Minatitlán. En el marco de ese escenario, el director estatal de
protección civil (perpetuado en el puesto por varios gobiernos priístas cuestionados)
ordenó retirar el equipamiento –asignado en comodato- a todas las unidades
municipales, dejándolas con lo mínimo y desprotegiendo a la sociedad.
Durante el
mes de septiembre, y con motivo de los festejos patrios, se han presentado
incendios. Históricamente en septiembre se han reportado sismos muy intensos.
Septiembre es, con octubre, uno de los meses con mayor presencia de huracanes
de mayores categorías. En dicho mes se presentan sistemas convectivos de
mesoescala que detonan rápidas e intensas lluvias e inundaciones y colapsan parte
del arbolado en las vías carreteras.
Aún así, y
por oficio, desde los primeros días de septiembre se les retiró a las unidades
municipales el equipamiento para atender emergencias. Por ejemplos:
Unidad Municipal Colima: camioneta RAM, motosierras, plantas
generadoras de electricidad, bombas de agua, radios, entre otros
Unidad de Ixtlahuacán: dos vehículos, radios,
generadores y computadoras, entre otros
Unidad de Villa de Álvarez: radios y computadoras,
etc
Unidad de
Comala: el
único camión de bomberos y equipo diverso
Con esta acción, las unidades municipales, -de por sí
necesitadas de equipo-, han quedado más desprovistas e incomunicadas. Y la
población se encuentra en mayor riesgo de desastre, debido a que será más
difícil atender emergencias.
Las unidades municipales han sido afectadas con
sustento en las leyes, -pero sin el mínimo sentido común- en amparo de lo
dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público del
Estado de Colima, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima, y
la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de
Colima. Sin embargo, con esta disposición, se afectan las capacidades de
respuesta ante emergencias de las unidades municipales por más de un mes, pues
hasta octubre iniciarán las nuevas administraciones. Y luego tomará semanas de
gestión el equipo y la entrega, si hubiera disponible.
Con esta medida “oficial”, los nuevos directores
tendrán que acudir a rendir pleitesía al
director estatal de protección civil y le rogarán por el equipo necesario para
atender las emergencias que se pueden presentar en cualquier momento. De esa
manera, el vitalicio funcionario someterá a su control a los nuevos directores
y se perpetuará en el puesto. Cabe precisar que el director estatal no cuenta
con capacitación ni certificación recientes y en su carrera académica ni
siquiera cursó la secundaria, aún así, las autoridades estatales han depositado
en él la protección y la vida de miles de colimenses. Y sin la capacitación
profesional que demanda el puesto, toma decisiones sumamente importantes, como
lo relacionado con el equipamiento de las unidades municipales. Pero es posible
que estas acciones han sido aprobadas tanto por el gobernador del estado como
por su secretario de gobierno, responsables de la titularidad en la Unidad de
Protección Civil Estatal y de la protección de los ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario