EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

El Director Responsable de Obra (DRO), es la persona física que se hace responsable de la observancia del reglamento de construcción de cada localidad en las obras para las que otorgue su responsiva.  Esta calidad se adquiere con el registro de la persona ante la Dependencia que faculte para tal efecto, la Ley Orgánica de Administración respectiva, habiendo cumplido previamente con los requisitos establecidos en el citado reglamento de construcción correspondiente, acreditado como tal, mediante un registro o cédula. Es una figura en que la autoridad competente para el desarrollo y control urbano, subroga o traslada, la responsabilidad de que las edificaciones cumplan con la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano y las normas implícitas en la construcción y su equipamiento.

En base a la definición anterior, la calidad de Director Responsable de Obra no tiene absolutamente nada que ver con el libre derecho de ejercer una profesión, es decir, el simple hecho de poseer un título universitario de arquitecto, ingeniero civil, etc., no implica persé, poder realizar en cada municipio la actividad de director responsable de obra; “Libertad de Trabajo. No es absoluta de acuerdo a los principios fundamentales que la rigen (Artículo 5o., Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)"; JURISPRUDENCIA POR UNANIMIDAD (5 Sep’2000, CXXXIV/2000) Tesis P./J. 28/99 Fuente: Seminario del Poder Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Página 16; Septiembre 2000. Es decir, la libertad que otorga dicho artículo está acotada a los siguientes supuestos: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros, y c) que no se afecten derechos de la sociedad en general.

Los nuevos tiempos demandan una formación profesional acorde a la realidad social, económica y política, al igual que tecnológica, en donde se sustenta la competencia de libre mercado, ofreciendo los mejores precios, pero sobre todo los mejores servicios, alta calidad y garantías de cumplimiento.

Las nuevas disposiciones, ahora transversales en materia de Leyes y Reglamentos, exigen que los profesionales de la construcción que realizan la actividad a la que hacemos referencia, estén al tanto para dominar el tema y con ética profesional asuman el papel responsable de la dirección de las obras como un verdadero servicio, eliminando la nociva imagen del profesionista que únicamente otorga su firma para el trámite de una licencia de construcción o dictamen de seguridad estructural.

La realidad es que, como muchas otras profesiones, tanto la arquitectura como la ingeniería son actividades económicamente devaluadas, primero porque están sujetas a una legislación obsoleta que no distingue en ninguna de las profesiones, el perfil del ejercicio profesional de conformidad a su currícula académica, segundo porque nuestras actividades se han sujetado a la especulación y el regateo y en tercer lugar porque se han visto invadidas por oficios que no ofrecen ninguna certificación o garantía sobre los servicios prestados, esto motivado por una ley de profesiones ya obsoleta y que ofrece poca garantías al profesionista, aún certificado, una vez que los puestos públicos técnicos son ocupados por personas que no reúnen el perfil profesional que la actividad demanda.

En particular, el DRO está sujeto en primer término a sanciones administrativas y económicas impuestas por el propio reglamento de construcción que lo faculta, en segundo término, para casos de negligencia, dolo o fraude, le son aplicadas las sanciones que señalen los Códigos Civiles y Penales de la entidad federativa en la que realicen su actividad.

En una colaboración anterior ya había comentado sobre las definiciones de el dolo, la negligencia y la omisión, y de nuevo las traigo a colación porque como también ya lo había referido, sobre éstas conductas se apoyaría la procuración y la impartición de justicia para calificar el agravante de la sanción.

Todos los individuos, según nuestro marco jurídico, estamos sujetos en nuestra vida a los actos y hechos jurídicos, mismos que defino a continuación:

El Acto Jurídico es considerado como la manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos que se traducen en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para que esta manifestación de la voluntad produzca efectos jurídicos, es preciso que se realice de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso.

Mientras que los hechos jurídicos, son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos, y como consecuencia, se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Un hecho jurídico constituye un acontecimiento natural o fortuito que se caracteriza por no necesitar la intervención de la voluntad para apreciar consecuencias de derecho.

Estos antecedentes los comento porque según Mariana León, periodista de El Financiero (12.09.2017); (http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/desastres-naturales-cuestan-a-mexico-425-mil-mdp-en-16-anos.html) “Del 2000 al 2016, más de 33 millones de habitantes han sido afectados y 8 mil 164 han fallecido debido a estos fenómenos, según informes de Impacto Socioeconómico de los Desastres Naturales en México. A esto hay que sumar las pérdidas económicas”. Independientemente que no existen los “desastres naturales” la nota referida no significa que todos los daños y pérdidas sean consecuencia de hechos fortuitos y que debamos de señalar como “culpable” a la Madre Naturaleza ya que, si en nuestro México no prevaleciera la corrupción e impunidad, y si se realizaran las investigaciones y peritajes necesarios, tendríamos que muchos de esos hechos jurídicos son consecuencia de actos jurídicos producto de dolo, omisión o negligencia.

Ejemplos sobre éste aspecto son ya clásicos y públicos en medios de comunicación y redes sociales, en el pasado sismo, observamos en la CDMX edificaciones construidas fuera de norma, materiales y procedimientos de construcción deficientes, cambios de uso y destino del suelo indebidos, dictámenes y peritajes a la ligera y, en todos los casos, profesionales de la construcción, algunos más preparados y certificados como directores responsables de obra o corresponsables estructurales, avalaron de manera directa o indirecta su ocupación, incrementando el riesgo y la vulnerabilidad de la sociedad.

Para nuestro caso local, para resultar igualmente exhibidos, solo falta que en Sonora se presenten sismos de igual magnitud o intensidad.

Nos leemos de nuevo, hasta la próxima.