¿Cuánto cuestan los desastres en México?
Rafael Marín Cambranis
Aunque soy sociólogo, a lo largo
de mi vida profesional he convivido con académicos y compañeros que por su
propia formación requieren de datos duros. En el tema de riesgos esta información
suele ser difícil de conseguir, si bien el CENAPRED publicaba año con año un
compendio sobre las características e impacto de los principales desastres que
ocurren en la República Mexicana, a partir de 2013 estos estudios se han
resumido a tal grado, que gran parte de la valiosa información que ofrecían ya
no ve la luz.
Aquellos que nos dedicamos al
estudio de los riesgos estamos conscientes de que el primer paso para
gestionarlos, es identificarlos. Para lograrlo, es preciso mirar al pasado; contar
con información sobre los lugares en donde han impactado los diferentes tipos
de fenómenos; los daños y pérdidas que se registraron; los sectores que afectó,
así como las características propias de los fenómenos.
En México, al igual que en gran
parte del mundo, el costo de los desastres se ha incrementado exponencialmente
en los últimos años. Mientras que en el periodo 1980-1999 el costo promedio
anual era de 701 millones de dólares, en el periodo 2000-2015 esta cifra
aumentó a 1,786 millones de dólares. El presupuesto asignado al sector salud en
2017.
Resulta fundamental analizar las
razones por las cuales los daños y pérdidas se siguen incrementando con el paso
del tiempo. Una de las principales es el aumento del sistema afectable, es
decir, el crecimiento que están teniendo las ciudades, tanto en extensión
territorial como en el aumento de su población. Además, este crecimiento es más
acelerado en regiones en las que existe una alta incidencia de agentes
perturbadores. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, en donde impactan
frecuentemente ciclones tropicales, en 1960 residían poco más de 50 mil
habitantes; en la actualidad, es habitado por más de 1.3 millones de personas.
Otras de las razones importantes
son las condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México el 46.5% de
la población se encuentra en situación de pobreza; no les alcanza para cubrir
sus necesidades básicas. Por lo tanto, se puede inferir que dicha población
vive en condiciones de vulnerabilidad, y una proporción importante en viviendas
susceptibles de daño ante el impacto de cualquier tipo de fenómeno.
Asimismo, transitar de un esquema
reactivo a uno preventivo (frase que venimos escuchando desde hace varios años
y que en la realidad no se ha dado) es primordial. Basta comparar los montos
que se invierten en prevención con los que se destinan a la reconstrucción de
daños. En promedio, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales
(FOPREDEN) destina anualmente 225 millones de pesos para la realización de
proyectos preventivos, mientras que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
invierte alrededor de 13,737 millones de pesos al año. No sólo es incongruente
la manera en la que se invierten los recursos, también lo es el nombre de ambos
fondos, pues los desastres, como lo hemos venido explicando a lo largo del
texto, no son naturales.
En el periodo 2000- 2015, los
años que mayores daños y pérdidas dejaron en el país fueron: 2005, cuando
impactaron los ciclones tropicales Emily, Stan y Wilma; 2007, con las
históricas inundaciones de Tabasco; 2010, cuando el huracán Alex dejó severos
daños en Nuevo León, especialmente en la ciudad de Monterrey; y 2013, año en
que Ingrid y Manuel impactaron de manera simultánea.
Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y Sociales del
CENAPRED
En cuanto al número de muertes
sobresale 2013, cuando más de 300 personas perdieron la vida a consecuencia de
desastres asociados a la ocurrencia de algún fenómeno natural. De hecho, el
número de muertes relacionadas con ciclones tropicales fue de 300, la cifra más
elevada desde que se instauró el Sistema de Alerta Temprana ante Ciclones
Tropicales.
Aunque estos no dejan de ser
datos interesantes, lo importante es canalizar los esfuerzos en aumentar la
resiliencia de nuestro país, trabajar desde lo local, evitar la construcción de
nuevos riesgos y generar capacidades en la población. De llevarse a cabo, todo
esto se verá reflejado en las cifras que aquí presenté.
El país cuenta con muchos
profesionistas interesados en revertir la situación; en hacer de México un país
seguro y menos vulnerable. Para lograrlo se requiere de voluntad política, de
esa que hoy en día escasea en la Coordinación Nacional de Protección Civil,
pero que afortunadamente persiste en la sociedad civil organizada; en algunos
gobiernos estatales y municipales; en organizaciones no gubernamentales; en la
academia, e incluso, a cuenta gotas, en algunas dependencias del gobierno
federal.
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